¿Te imaginas un México donde los trámites no sean un martirio? México podría dar ese salto: tenemos talento técnico, infraestructura básica y experiencia en digitalización…pero necesitamos tres transformaciones claras que desarrollo a continuación.
Por: Héctor Cárdenas Suárez*
*Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Profesor de Práctica en Política Pública en la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California, Berkeley, y Presidente y Director General de The Ergo Group.
A todos nos ha ocurrido alguna vez: llegamos a una oficina de gobierno para hacer un trámite y nos piden exactamente los mismos documentos que ya entregamos mil veces: CURP, acta de nacimiento, RFC, comprobante de domicilio…
Pareciera que el Estado sufre de amnesia permanente. Y, de inmediato, surge la pregunta que todos compartimos: si el gobierno ya tiene toda esta información, ¿por qué no la usa para acelerar los trámites?
La realidad es que el gobierno no la tiene “toda”, ni la tiene en un solo lugar, ni mucho menos organizada de manera que una oficina pueda consultar lo que ya registró otra.
México vive, como muchos otros países, dentro de un laberinto de sistemas desconectados, reglas rígidas y herencias institucionales que se arrastran desde hace décadas. Entender este laberinto ayuda a responder por qué seguimos tardando tanto, y también qué podríamos hacer para salir de él.
La historia de cómo la información pública terminó en mil pedazos
Para comprender la fragmentación actual, hay que imaginar cómo se construyó el gobierno mexicano a lo largo del siglo XX.
Cada dependencia, cada estado y cada municipio fue creando sus propios archivos, sus propios padrones, sus propias bases de datos. Y nadie pensó en ese entonces que un día la tecnología permitiría interconectarlos.
El resultado fue un rompecabezas gigantesco. El padrón electoral del INE nació por un lado, el Registro Civil por otro, el RFC del SAT por otro más. Por su parte, los sistemas de salud construyeron sus propios expedientes, y los municipios hicieron lo mismo con sus licencias, prediales y permisos de construcción. Así surgió un país donde la información se multiplicó, se duplicó y, sobre todo, se aisló.
Además, el federalismo, uno de los pilares de nuestra organización política, contribuyó a esta dispersión.
Cada estado tiene su propia forma de administrar registros públicos, licencias, catastro, actas de nacimiento. Una persona nacida en Guerrero, viviendo en Querétaro y haciendo un trámite federal en la Ciudad de México se encuentra en medio de tres universos de información que no se hablan entre sí. Y si a eso sumamos los 2,400 municipios que manejan trámites locales, queda claro por qué integrar todo en un solo sistema no es tan sencillo.
La ley también dificulta que el gobierno comparta información
El ciudadano suele pensar que las dependencias no comparten datos por desorden o por falta de tecnología. En realidad, también existen razones legales.
Desde la aprobación de las leyes de protección de datos personales, las instituciones públicas están obligadas a cuidar la información con extremo rigor.
Y eso está bien: protege nuestra privacidad. Pero, en la práctica, muchas dependencias interpretan estas reglas de manera conservadora y prefieren no compartir nada para evitar riesgos.
Para que una oficina del IMSS pueda consultar automáticamente información del SAT, o para que un municipio valide en línea una CURP, no basta con tener ganas. Se necesitan normas específicas, permisos, mecanismos de seguridad, auditorías, acuerdos de intercambio y trazabilidad de cada consulta.
En ausencia de todo esto, lo “seguro” suele ser pedirle al ciudadano los documentos que ya existen en otro lado. De allí proviene la sensación —frustrante pero real— de que el sistema te obliga a demostrar una y otra vez que eres quien dices ser.
Sistemas viejos, tecnología fragmentada y bases de datos que no conversan
A las barreras históricas y legales se suma otro obstáculo: la tecnología.
Buena parte de los sistemas que sustentan trámites en México fueron construidos hace 20 o 30 años. Muchos, literalmente, funcionan con lenguajes de programación que ya casi nadie usa. Otros están en servidores locales sin actualizaciones, o fueron diseñados por proveedores que ya ni siquiera existen.
Integrar estos sistemas con plataformas modernas es, en ocasiones, tan complejo como tratar de conectar un teléfono móvil con un tocadiscos.
Además, durante años el presupuesto para modernizar la tecnología gubernamental ha sido limitado y se ha concentrado en lo más visible: páginas web, aplicaciones móviles o plataformas de consulta. Pero los sistemas internos, esa la maquinaria que realmente produce una licencia, emite un acta o procesa un permiso, quedaron rezagados. Y sin modernizar esos motores, cualquier avance digital se queda en la superficie.
Hay otro problema todavía más básico: la falta de un identificador único que sirva como llave maestra para todo.
Aunque existe la CURP, sigue conviviendo con otros números: el RFC, el NSS, la licencia de conducir, el folio de acta de nacimiento, el número de expediente… Cada uno vive en su propio ecosistema. Y cuando un sistema no puede reconocer inequívocamente a una persona, es imposible cruzar datos con precisión.
Buena noticia: existe tecnología capaz de resolver este caos
A pesar de este panorama, hay motivos para ser optimistas. En los últimos años, países como Estonia, Uruguay o India demostraron que es posible construir una red de interoperabilidad (capacidad de sistemas para conectarse), donde cada dependencia conserva sus datos, pero los comparte de manera segura cuando un trámite lo requiere. México podría hacer lo mismo.
La clave es la interoperabilidad
La interoperabilidad es un concepto sencillo, es que los sistemas “hablen” entre sí bajo reglas claras.
No se trata de crear una superbase de datos centralizada, sino de permitir que una oficina valide información en otra sin pedirle nada al ciudadano, y en muchos casos sin siquiera tener acceso a la información de la otra oficina, sino sólo la validación de que esta información existe.
Imaginemos que un municipio pudiera consultar de inmediato si un contribuyente está al corriente en el SAT, o que un estado verifique automáticamente una CURP en RENAPO antes de emitir una licencia. Eso es interoperabilidad.
Infraestructuras digitales públicas
Varios países han ido más allá creando infraestructuras digitales públicas: plataformas de autenticación, firmas electrónicas, pagos integrados y registros únicos de trámites.
De hecho, acabo de participar en la cumbre del T20 en Johannesburgo, Sudáfrica, conferencia que reúne a los “Think Tanks” más importantes de los países que conforman el G20 y en la que se discutió la importancia de estas infraestructuras digitales públicas que han tenido un gran avance en India, Brasil y otros países.
Los efectos sobre sus economías han sido muy positivos. ¡En la India permitió que 500 millones de personas abrieran cuentas de banco en unos cuantos años!
Afortunadamente México ya tiene piezas importantes: la e.firma, la CURP, el SPEI, la Plataforma Digital Nacional, algunos sistemas estatales avanzados, pero aún no están integradas como un ecosistema que funcione de punta a punta.
En México falta coordinación, continuidad y claridad
Entonces, ¿qué falta? Coordinación, continuidad y claridad. Los obstáculos no son tecnológicos: son institucionales y políticos.
Muchas dependencias quieren tener su propia plataforma, los estados avanzan a ritmos distintos, los municipios tienen capacidades muy desiguales y las leyes no siempre habilitan el intercambio eficiente de información. Además existe resistencia interna: cuando los sistemas se conectan, se vuelve más difícil ocultar inconsistencias, errores o malas prácticas.
¿Te imaginas un México donde los trámites no sean un martirio?
Pensemos por un momento en un trámite ideal. En lugar de llevar carpetas de papeles, simplemente ingresamos a un portal, nos identificamos con la CURP y una firma digital, y el sistema se encarga del resto: confirma nuestro domicilio, revisa si tenemos pagos pendientes, valida nuestra identidad, extrae la información que ya existe y nos genera una resolución en minutos.
No suena descabellado: es exactamente lo que ocurre en los países que adoptaron la interoperabilidad como política de Estado.
México podría dar ese salto. Tenemos el talento técnico, la infraestructura básica y la experiencia en digitalización. Pero requiere un cambio profundo en cómo entendemos los trámites: no como colecciones de requisitos que se acumulan, sino como servicios públicos que deben diseñarse desde la óptica del ciudadano.
Salir del laberinto
Para llegar allí, necesitamos tres transformaciones claras:
- Actualizar el marco legal para que compartir información, con seguridad, trazabilidad y límites precisos, deje de ser un riesgo y se convierta en una obligación.
- Invertir de manera sostenida en modernizar los sistemas internos del gobierno, no solo sus apariencias.
- Establecer una autoridad clara que coordine esfuerzos entre Federación, estados y municipios; una especie de “árbitro digital” que garantice que los avances no dependan del capricho de cada administración.
Porque, a fin de cuentas, el problema no es que el gobierno no tenga tus datos: el problema es que están encerrados en cajas distintas, sin llaves compartidas y sin una lógica común que permita usarlos para tu beneficio.
El día que decidamos organizar ese rompecabezas, los trámites dejarán de ser un suplicio y se convertirán en lo que deberían ser: servicios ágiles, confiables y pensados para facilitar la vida de las personas. Ese día aún no llega, pero está perfectamente al alcance de México.
