Créditos: CNN
La fiscal general de Nueva York ha presentado una solicitud sustancial que supera los 370 millones de dólares contra Donald Trump y sus coacusados, a la par que busca prohibir al expresidente realizar actividades comerciales en el estado, según un detallado informe posterior al juicio presentado el pasado viernes en el marco del proceso civil por fraude contra Trump.
En el documento, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, esgrime argumentos sólidos para respaldar la necesidad de la compensación financiera y la prohibición de actividades comerciales. James sostiene que la intención de Trump y sus coacusados de defraudar mientras preparaban los estados financieros del expresidente es «ineludible».
La cifra solicitada para el decomiso, que asciende a más de 370 millones de dólares, representa un marcado incremento con respecto a la cifra original de 250 millones de dólares.
En un tono contundente, James expone que los numerosos ardides engañosos empleados por Trump y sus coacusados para inflar el valor de los activos y ocultar hechos fueron tan escandalosos que desafían cualquier explicación inocente. Este planteamiento se suma al dictamen previo del juez Arthur Engoron, quien ya había sentenciado en una decisión sumaria que Trump y sus coacusados eran responsables de fraude persistente y reiterado.
Además de la compensación financiera, James aboga por una inhabilitación de cinco años para Donald Trump Jr. y Eric Trump, hijos del expresidente. Esta solicitud refleja la determinación de la fiscalía de imponer sanciones significativas y enviar un fuerte mensaje disuasorio contra prácticas fraudulentas en el ámbito financiero.
Por su parte, los abogados de Trump han presentado argumentos en contra de las acusaciones, destacando que la mayoría de las transacciones mencionadas en la demanda están más allá del plazo de prescripción.
Además, sostienen que los estados financieros de Trump no contienen declaraciones materiales falsas y que la fiscal general no ha demostrado ningún impacto real en el mundo empresarial. En lo referente al monto solicitado, los abogados argumentan que no hay evidencia de que los términos o precios de los préstamos hubieran sido diferentes basándose en las supuestas declaraciones falsas.
Un punto crucial en el proceso es el testimonio de Michael Cohen, exabogado y solucionador de problemas de Trump, quien fue llamado como testigo para demostrar la intención de fraude. Los abogados de Trump han cuestionado la credibilidad de Cohen, argumentando que su admisión de perjurio en el estrado desacredita su testimonio. Cohen afirmó que Trump «habla como un jefe de la mafia» y «te dice lo que quiere sin decírtelo específicamente», describiendo un comportamiento que respaldaría la acusación de conspiración.
El proceso judicial, que se extendió a lo largo de 11 semanas, se diseñó para determinar cuánto deben pagar los Trump y su empresa, así como el destino de los negocios del expresidente en Nueva York. La fiscalía presentó seis acusaciones adicionales contra Trump, que incluyen conspiración, emisión de declaraciones financieras falsas, falsificación de registros comerciales y fraude de seguros.
La estrategia de la fiscalía incluyó elevar la solicitud de restitución de 250 a más de 370 millones de dólares, basándose en los beneficios que Trump habría obtenido de tasas de interés favorables y ganancias de proyectos específicos, como el campo de golf de Ferry Point y la venta del contrato de arrendamiento del edificio Old Post Office en Washington DC.
La fiscalía argumentó que Trump, como propietario de la empresa, tenía un «motivo financiero para defraudar». Se señaló que, según el testimonio del propio Trump, quien afirmó «saber más de bienes raíces que otras personas», resulta poco plausible que careciera de conocimientos específicos sobre sus propios activos
Un aspecto relevante es la alegación de que Trump habría enfrentado problemas de liquidez durante su presidencia, de 2017 a 2020, de no haber s
ido por las tasas de interés más bajas que pagó basándose en estados financieros fraudulentos. Después de ajustar los estados financieros eliminando 16.5 millones de dólares en efectivo de una asociación con Vornado, el fiscal general argumentó que «Trump habría tenido una posición de efectivo negativa sin los 73,811,815 dólares ahorrados mediante pagos de intereses reducidos».
La fiscalía sostiene que Trump utilizó el capital adicional para invertir en varios proyectos, incluida su campaña presidencial de 2016. Este planteamiento refuerza la idea de que el fraude financiero no solo tuvo consecuencias económicas, sino que también pudo haber influido en el panorama político.
La respuesta de los abogados de Trump ha sido cuestionar la capacidad de la fiscalía para demostrar la intención de fraude, argumentando que Trump revisó sus estados financieros, pero tuvo una participación mínima en su preparación y no consideró que fueran importantes. Además, se destaca la afirmación de que Michael Cohen, presentado como la «pieza clave» del caso por la fiscal general, admitió perjurio en el estrado, desacreditando así su testimonio.
En relación con la supuesta falta de «declaraciones materiales falsas» en los estados financieros de Trump, los abogados sostienen que Trump habría calificado para las tasas recibidas incluso con un patrimonio neto más bajo. Critican la falta de testimonios que respalden la idea de que los bancos habrían tomado decisiones diferentes si hubieran conocido las presuntas inexactitudes.
El juez Engoron, a pesar de algunas objeciones planteadas por los abogados de Trump, sugirió en su opinión del mes pasado que el testimonio experto de la fiscalía sobre la restitución era creíble. Argumentó que si se obtiene una tasa de interés más baja mediante la sobrevaloración de activos, las ganancias se consideran mal adquiridas, ya que el prestamista sufre una pérdida, aunque esta no sea directa.
Estos escritos presentados después del juicio sientan las bases para los alegatos finales que tendrán lugar la próxima semana ante el juez Engoron. Este último ya ha rechazado varios de los argumentos presentados por la defensa de Trump, incluyendo desafíos relacionados con la prescripción y la restitución.
La expectativa es que el juez emita su fallo este mismo mes, marcando un hito en un caso que ha capturado la atención nacional. A pesar de los intentos de la defensa de Trump por cambiar el curso del proceso, Engoron ha expresado de manera contundente su escepticismo respecto a los argumentos presentados por los abogados del expresidente. La posibilidad de una apelación, que ya se había anunciado antes de la decisión de Engoron, añade un elemento adicional de complejidad y prolonga la incertidumbre sobre el desenlace final del caso.
Hijos de Trump involucrados según la fiscal
En cuanto a la participación de los hijos de Trump en el presunto fraude, la fiscal general argumenta que estuvieron involucrados en las valoraciones de propiedades específicas y tomaron «control directo» en la preparación de las declaraciones de condiciones financieras en 2021. Se destaca que los hijos de Trump retuvieron los servicios de la firma contable Whitley Penn, firmaron la carta de representación final y supervisaron a Jeff McConney, excontrolador de Trump Org., otro codefendiente en el caso.
