Irán ejecuta al menos a 63 personas en la segunda quincena de abril, según ONG

El país  es conocido por su uso frecuente de la pena de muerte como forma de castigo, aplicable a una amplia gama de delitos, incluso aquellos que no son considerados violentos en muchos otros países, como los relacionados con drogas. Esta política ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional debido a preocupaciones sobre la proporcionalidad de la pena de muerte para delitos que no implican violencia directa contra otras personas.

Las críticas se centran en varios aspectos. En primer lugar, se cuestiona la eficacia de la pena de muerte como disuasión contra el tráfico y consumo de drogas, ya que no está claramente demostrado que tenga un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Además, se plantean preocupaciones éticas sobre el derecho a la vida y la dignidad humana, argumentando que la pena de muerte es una forma de castigo cruel, inhumano y degradante, especialmente cuando se aplica por delitos no violentos.

Otro aspecto de crítica es la falta de transparencia y garantías procesales en el sistema judicial, que puede resultar en condenas injustas o basadas en pruebas insuficientes. Se ha informado de casos en los que las confesiones se obtuvieron mediante tortura o coacción, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de los juicios en los que se basan las condenas a muerte.

En respuesta a estas críticas, Irán ha defendido su uso de la pena de muerte como un elemento disuasorio necesario para combatir el tráfico de drogas y otros delitos graves. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y algunos países continúan instando a Irán a abolir la pena de muerte o, al menos, a limitar su uso a casos de extrema gravedad y con pleno respeto de los estándares internacionales de derechos humanos.