Cabrón, chispa y casual

Por: Eddy Warman
Columna de opinión:

Cabrón, chispa y casual

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Por: Eddy Warman
El nuevo reglamento de armas: México quiere seguirle la pista a las legales, pero ¿qué pasa con las ilegales?

El nuevo reglamento de armas: México quiere seguirle la pista a las legales, pero ¿qué pasa con las ilegales?

Amigas y amigos lectores:

En México tenemos una curiosa habilidad para actualizar los papeles antes que la realidad. Acabamos de estrenar un nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2026. Era una actualización necesaria: el reglamento anterior databa de 1972. Pero la pregunta importante no es solamente qué cambia en los escritorios de la autoridad, sino si este nuevo instrumento servirá para enfrentar el problema que más preocupa: las armas que circulan fuera de cualquier control.

Para entender el tamaño del salto, hay que regresar a 1972, durante el gobierno de Luis Echeverría. México era otro país. Tenía menos población, una economía y una vida pública muy distintas, no existían internet, bases de datos digitales ni los sistemas actuales de rastreo e intercambio de información. La criminalidad organizada tampoco tenía la escala, el armamento ni la capacidad transnacional que conocemos hoy. La ley y su reglamento nacieron en un contexto histórico que ya no existe.

 

También conviene recordar que México y Estados Unidos parten de filosofías distintas. En Estados Unidos, la posesión de armas tiene una protección constitucional central y una cultura civil muy extendida, aunque regulada por normas federales y estatales. En México, el marco constitucional y legal reconoce la posibilidad de poseer armas en el domicilio bajo condiciones específicas, pero mantiene un control estatal mucho más estricto sobre los calibres, los permisos, el registro y la portación. No son modelos equivalentes ni conviene analizarlos como si lo fueran.

¿Qué busca ordenar el nuevo reglamento? En términos generales, actualiza los procedimientos para registrar, controlar y vigilar actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, artificios, explosivos y sustancias químicas reguladas. Define conceptos, organiza trámites y fortalece el papel del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. En la práctica, la intención es que la autoridad pueda tener mayor claridad sobre quién posee, fabrica, repara, comercializa, importa, transporta o almacena estos materiales y bajo qué autorización.

Eso importa. La trazabilidad no es un tecnicismo para abogados: es la posibilidad de reconstruir la historia de un arma. Saber quién la fabricó, quién la importó, a qué distribuidor llegó, quién la compró legalmente y cómo terminó en manos de otra persona. Cuando un arma aparece en una escena criminal, esa cadena puede convertirse en una pista fundamental para una investigación. Un registro más ordenado puede cerrar espacios para el desvío, la simulación de operaciones y las transferencias irregulares.

Pero aquí aparece el elefante en la habitación: el mercado ilegal. Ningún registro administrativo puede controlar por sí solo un arma que nunca fue registrada, que entró de contrabando, que fue robada, que perdió sus números de identificación o que circula mediante redes criminales. Podemos perfeccionar el papeleo de las armas legales, pero si no se combate el flujo clandestino, estaremos vigilando con lupa una parte del problema mientras la otra se mueve por debajo de la mesa.

Los datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) ayudan a dimensionarlo, con una advertencia indispensable: son armas recuperadas en México y enviadas a rastreo, no una muestra estadística de todas las armas que circulan en el país. Para 2025, la ATF reportó 32,144 armas recuperadas en México y sometidas a rastreo. De ellas, 22,817 —el 71 por ciento— fueron clasificadas como de origen estadounidense: fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país por un importador autorizado.

Hay que leer bien esa cifra. “Origen estadounidense” en la clasificación de la ATF no significa que todas esas armas hayan sido fabricadas en Estados Unidos, ni demuestra por sí sola la ruta exacta por la que llegaron a México. Una parte puede corresponder a marcas extranjeras que fueron importadas legalmente al mercado estadounidense. La propia ATF advierte que no todas las armas usadas en delitos son rastreadas y que las seleccionadas para rastreo no constituyen una muestra aleatoria ni representativa del universo criminal. Aun con esas limitaciones, el dato es contundente: existe un vínculo importante entre el mercado estadounidense y las armas recuperadas en México.

Un estudio publicado en 2026 por Topher McDougal y Sean Campbell, que reunió más de 28 mil registros de armas, decomisos mexicanos y expedientes judiciales estadounidenses, estimó que entre 85 mil y 135 mil armas podrían ser traficadas anualmente desde Estados Unidos hacia México. No es un conteo físico de cada arma que cruza la frontera, sino una estimación académica construida con distintos métodos y fuentes. Pero pone sobre la mesa la dimensión del desafío y la necesidad de cooperación binacional, controles a vendedores, investigaciones financieras y persecución de las redes de tráfico.

Y las armas tienen marca, modelo y, muchas veces, nacionalidad. En una gráfica parlamentaria sobre armas recuperadas en delitos durante 2022 y 2023 aparecen, entre las combinaciones más frecuentes, pistolas Glock calibre 9 mm; Taurus 9 mm; Smith & Wesson 9 mm; Beretta 9 mm; revólveres Smith & Wesson .38; además de rifles Century Arms 7.62 mm, plataformas tipo AR asociadas con Smith & Wesson y Colt, y armas construidas a partir de kits Polymer80. También aparecen rifles Romarm Cugir de 7.62 mm y Mossberg calibre 12. La lista describe registros de armas recuperadas, no un catálogo completo del armamento criminal ni una clasificación definitiva de rutas de contrabando.

¿De dónde vienen? Las marcas reflejan una industria internacional. Glock es austríaca; Taurus, brasileña; Beretta, italiana; Smith & Wesson y Colt, estadounidenses; Century Arms es una compañía estadounidense que comercializa, entre otros productos, plataformas de origen diverso; Romarm Cugir es rumana; y Polymer80 es una empresa estadounidense conocida por fabricar componentes y kits para armas. En bases de datos de armas aseguradas en México también se han identificado fabricantes o países vinculados con Alemania, España, Egipto, Australia, Corea del Sur, Serbia, Rusia, Israel, China, Bélgica, Argentina, República Checa, Polonia, Turquía, Francia, Hungría, Canadá, Croacia, Japón, Finlandia, Suiza y Reino Unido, entre otros.

Hay que hacer una precisión: el país de fabricación de un arma no necesariamente es el país desde el que fue introducida ilegalmente a México. Una pistola fabricada en Austria pudo haber pasado por un importador de Estados Unidos, por otro mercado o por varias manos antes de ser asegurada. Identificar la marca y el país de manufactura es apenas el principio; reconstruir la ruta exige números de serie, registros de importación, distribuidores, compradores y cooperación entre autoridades.

Ahora bien, ¿qué puede comprar legalmente un particular en México? Aquí también hay mucha confusión. La Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM), dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, es el canal oficial para la comercialización de armas, municiones y artículos regulados a personas que cumplen los requisitos, así como a clubes cinegéticos y cuerpos de seguridad. No basta con llegar, escoger un modelo y pagar: se requiere autorización y cumplir las condiciones previstas en la ley y el reglamento.

Como referencia general, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite para posesión en el domicilio, bajo las condiciones legales, pistolas semiautomáticas de calibre no superior al .380 —equivalente a 9 x 17 mm, 9 mm Short o 9 mm Kurz—, con excepciones expresas para determinados calibres y modelos; y revólveres hasta .38 Special, con excepción del .357 Magnum. Para actividades de tiro y cacería, las personas inscritas en clubes o asociaciones autorizados pueden solicitar permisos para determinadas armas y calibres contemplados en el artículo 10, dentro de los límites y condiciones establecidos. La autorización concreta depende del tipo de arma, calibre, actividad y permiso correspondiente.

armas

Esto significa que no se puede afirmar que una marca completa esté autorizada para cualquier uso, ni que todos sus modelos estén disponibles en la DCAM. Que exista una Glock, Beretta, Smith & Wesson o Taurus legalmente comercializable en algún mercado no significa que cualquier modelo o calibre pueda comprarse en México. Tampoco significa que haya existencias en este momento: la propia Defensa indica que la disponibilidad debe consultarse directamente con la DCAM. La ley establece categorías y límites; la autorización y el inventario son asuntos distintos.

Y volvamos a la pregunta inicial. El nuevo reglamento puede ayudar a ordenar la parte formal del mercado: registros, permisos, fabricación, reparación, comercialización, transporte y control administrativo. Eso es positivo y necesario. Pero el éxito no se medirá por el número de formularios, sellos o expedientes digitalizados. Se medirá por la capacidad de impedir desvíos, detectar operaciones sospechosas, rastrear armas recuperadas, desmantelar redes de tráfico y llevar ante la justicia a quienes las introducen y distribuyen ilegalmente.

También hace falta transparencia. ¿Cuántas armas se registran y cuántas se aseguran? ¿Cuántas investigaciones terminan identificando al comprador inicial? ¿Cuántas armas tienen números de serie alterados? ¿Cuántas proceden de robos a corporaciones, arsenales o particulares? ¿Cuántas investigaciones se comparten con Estados Unidos y cuántas llegan a sentencias? Sin indicadores públicos, será difícil saber si el nuevo reglamento está funcionando o si sólo modernizó el lenguaje de la burocracia.

En resumen, México necesitaba actualizar un reglamento que llevaba más de medio siglo sin renovarse. Pero no confundamos una herramienta administrativa con una estrategia integral de seguridad. El Estado tiene que seguirle la pista a las armas legales, sí; pero también debe perseguir con mucha mayor eficacia a las ilegales. Porque una cosa es tener un arma registrada en un cajón y otra muy distinta es que miles de armas crucen fronteras, cambien de manos y terminen alimentando la violencia.

El verdadero reto no es solamente saber quién tiene un arma. Es saber cómo llegó a manos de quien no debería tenerla, quién la vendió, quién la transportó, quién la protegió y quién se hizo de la vista gorda. Ahí está la prueba de fuego del nuevo reglamento.

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