La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya ha dictaminado este jueves en contra de las medidas provisionales solicitadas por México en su demanda contra Ecuador, relacionada con la irrupción en su Embajada en Quito. La petición mexicana buscaba medidas de protección y seguridad para su residencia diplomática y archivos internos, así como garantías contra nuevas acciones ecuatorianas que pudieran afectar el litigio.
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En una declaración unánime, el tribunal determinó que las circunstancias actuales no justifican la implementación de dichas medidas, desestimando así la solicitud mexicana.
El origen de esta solicitud se remonta al incidente del 5 de abril, cuando la Policía ecuatoriana ingresó a la Embajada mexicana para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. México argumentaba la necesidad de salvaguardar la inviolabilidad de sus locales diplomáticos y la residencia privada de sus agentes.
En respuesta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno ecuatoriano expresó su beneplácito, indicando que la solicitud mexicana carecía de fundamento, pues Ecuador había ofrecido garantías de protección a las instalaciones diplomáticas mexicanas.
A pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no concedió las medidas provisionales solicitadas por México en su disputa con Ecuador, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó la satisfacción del gobierno mexicano por dos aspectos específicos del dictamen.
En primer lugar, Celorio Alcántara destacó el reconocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas mexicanas. Este reconocimiento implica un respaldo significativo a uno de los principios fundamentales del derecho internacional, que establece que las misiones diplomáticas gozan de protección absoluta contra injerencias del Estado receptor. La confirmación de este principio fortalece la posición de México en el escenario internacional, reafirmando su derecho a la seguridad y protección de sus instalaciones diplomáticas en el extranjero.
En segundo lugar, el consultor jurídico resaltó el compromiso expresado por Ecuador de respetar estas instalaciones. Este compromiso implica un acuerdo formal por parte del gobierno ecuatoriano de no incurrir en acciones que violen la inviolabilidad de la Embajada mexicana en Quito u otras instalaciones diplomáticas en su territorio.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia no marca el final
Aunque la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a las medidas provisionales solicitadas por México representa un paso significativo en el litigio entre México y Ecuador, es importante destacar que este fallo no marca el final del proceso legal entre ambos países.
El dictamen sobre las medidas provisionales aborda aspectos específicos y urgentes relacionados con la disputa, como la protección de las instalaciones diplomáticas mexicanas en Ecuador. Sin embargo, el litigio en su totalidad aún no ha sido resuelto.
El próximo paso en el proceso será el fallo definitivo de la CIJ. Este fallo final abordará todos los aspectos del caso y proporcionará una resolución completa y vinculante sobre la disputa entre México y Ecuador. En este fallo, la CIJ evaluará detalladamente los argumentos presentados por ambas partes, así como cualquier evidencia adicional que pueda surgir durante el proceso legal.
Es importante tener en cuenta que la CIJ es un tribunal internacional reconocido por su autoridad y su capacidad para resolver disputas entre Estados de manera imparcial y justa. Por lo tanto, el fallo final de la CIJ tendrá un impacto significativo en la relación entre México y Ecuador y sentará un precedente legal para casos similares en el futuro.
México también enfrenta una demanda de Ecuador ante la CIJ, acusándolo de utilizar su sede diplomática para dar refugio a Glas. La Corte aún no ha fijado fechas para las audiencias relacionadas con este caso.
Jorge Glas, quien enfrenta condenas por corrupción en Ecuador, se encuentra detenido en dicho país, alegando ser víctima de persecución política.
