El presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un «conflicto interno» y mencionó a más de 20 bandas delictivas. Dos de sus jefes se fugaron de la cárcel, hubo motines, coches bomba, toma de un canal de TV y amenazas al mandatario, que recibió el respaldo de los líderes de la región. Hay al menos 10 muertos
Créditos: CNN, Infobae, X (Twitter)
En Ecuador se vive un escenario de guerra. Tras la fuga del líder de una banda criminal informada el último domingo y luego de varios motines en las cárceles que iniciaron la mañana del lunes, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y desde entonces, pese a las disposiciones gubernamentales, durante 24 horas continuas se han registrado al menos 40 hechos violentos en todo el país.
Coches bomba, el secuestro de policías en las calles, la retención forzosa de los guías penitenciarios, las amenazas desde las cárceles, la fuga de otro criminal de alta peligrosidad y la incursión terrorista en un medio de comunicación televisado son algunos de los sucesos que llevaron a que Noboa dispusiera a las Fuerzas Armadas la ejecución de operaciones militares al existir un conflicto armado interno.
El decreto 111 firmado por Noboa indicó que todos los sucesos violentos de esta jornada “se configuran como una amenaza terrorista contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial”. Con base en esto, declaró a las bandas criminales Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones como actores no estatales beligerantes y como organizaciones terroristas.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, en un mensaje a la nación aseguró que los miembros de estas bandas “han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”. Por ello, informó que: “A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”.
Miembros de las bandas criminales amenazan con matar a cualquier persona militar o policía que vean en la calle en la noche.
La declaratoria de Noboa sucedió a las 15h00 (hora de Ecuador) y convulsionó a los ecuatorianos que apenas una hora antes habían visto en señal abierta la toma violenta de TC Televisión en Guayaquil. Donde un grupo de más de 10 criminales amenazó con armas largas y explosivos a los periodistas y trabajadores del canal.
En el centro norte de Quito, donde se encuentra el centro comercial y bancario y donde funcionan varias instituciones del Estado, el tráfico vehicular pesado y las personas caminando aceleradamente, incluso corriendo, demostraban la tensión, el miedo y la desesperación. Al mismo tiempo, helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaban la ciudad y pelotones de militares se agolpaban en los exteriores de algunas instituciones y edificios, como la Universidad de las Américas, para brindar seguridad.
En el centro histórico, donde se ubica el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, las autoridades evacuaban a los funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones públicas. A la par, Noboa y las autoridades del Consejo de Seguridad del Estado se reunieron para analizar las acciones que permitan recuperar el control al Estado.
Mientras tanto, en Guayaquil los actos violentos no cesaban. La jornada dejó al menos diez muertos, entre ellos dos policías.
Los operativos de la Armada y Policía de Ecuador logran detener a algunos criminales
La Policía de Ecuador logró la detención de 14 personas sospechosas de participar en los actos de violencia en Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana anunció que procesará a trece personas por el delito de terrorismo por la incursión armada en TC Televisión.
También, la noche del 9 de enero, la Policía y la Armada informaron que tres agentes policiales que fueron secuestrados en Machala el 8 de enero fueron liberados. Según información oficial, hay 10 detenidos como presuntos implicados en este hecho delictivo. Hay otros cuatro policías secuestrados hasta el momento.
Asimismo, los guías penitenciarios continúan como rehenes de los presos de cinco penales. Las autoridades no han informado el estado de estos agentes carcelarios ni cuántos han sido retenidos. Extraoficialmente se conoce que alrededor de cien guías fueron secuestrados dentro de las cárceles.
En Esmeraldas, al norte del país, donde se registraron coches bomba y auto incinerados, la Policía logró capturar a 12 personas. También en Napo, en la Amazonía, se detuvo a dos sospechosos de incendiar un camión. Otras detenciones sucedieron en Quito y en más ciudades del país. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que este 10 de enero se emitirá un informe completo sobre los hechos suscitados en la nación.
Muestras de apoyo a Ecuador y reacciones en el mundo
El gobierno de Estados Unidos expresó su “extrema preocupación” por la violencia en Ecuador y ofreció su apoyo al gobierno de Noboa. Lo propio hicieron Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, que condenaron las acciones del crimen organizado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en X (antes Twitter) y condenó los acontecimientos registrados en la nación. Además informó que sus miembros monitorean la situación de los derechos humanos luego del Estado de Excepción ordenado por el presidente Daniel Noboa.
Más de 300 periodistas de Ecuador y Latinoamérica, a través de un comunicado, rechazaron la toma violenta del canal TC Televisión, en Guayaquil.
Los periodistas aseguraron que la incursión de los criminales en el medio de comunicación “es una muestra más de cómo el crimen organizado apunta a la prensa como uno de sus blancos” y recordaron que en el país no hay garantías para el ejercicio periodístico: “Lo ocurrido en TC Televisión es la imagen más dolorosa de lo que vive actualmente la prensa ecuatoriana, que ha enfrentado el auge de la violencia criminal durante los últimos años sin la mínima participación del Estado para cumplir su responsabilidad de proteger su ejercicio”.
