En el condado de Richmond, Georgia, Richard Roundtree, el Sheriff local, enfrenta un problema considerable, pues en los últimos tres años, ha visto cómo 33 de sus oficiales quedaban bajo arresto. La acusación predominante en la mayoría de las 33 detenciones es la introducción de drogas u objetos prohibidos en la cárcel del condado, así como actos de agresión hacia los reclusos.
Trece arrestos se originaron en acusaciones de mala conducta, tanto dentro como fuera del servicio, que incluyen violencia doméstica y conducir en estado de ebriedad, donde todos los involucrados fueron despedidos o presentaron su renuncia. Cuatro casos de supuestas agresiones a reclusos fueron archivados debido a la negativa de los gran jurados a presentar cargos contra los agentes. Varios de estos casos aún están pendientes en la corte. Dos oficiales recibieron sentencias de probatoria: uno por contrabando y el otro por agresión sexual a un detenido.
¿De dónde viene el problema según el Sheriff?
La crítica en el condado de Richmond refleja el dilema que enfrentan numerosas cárceles a nivel mundial, pues en estas instituciones, las personas acusadas de delitos son ingresadas antes de ser sometidas a juicio o cumplen penas de corta duración. Además de que es importante mencionar que a nivel nacional la falta de personal y experiencia en la cárcel también es un tema. La sobrepoblación y la carencia de personal están afectando tanto a los detenidos como a los guardias, generando un agravamiento de las condiciones.
El Sheriff Roundtree busca soluciones a esta situación, y cuestiona si es que están haciendo algo mal en el proceso de contratación o no proporcionan formación suficiente. Aunque el dinero ha sido mencionado como un factor común en estas conductas, Wayne Guilfoyle de la comisión del condado argumenta que la raíz es más bien de carácter. “creo que tiene que elevar sus estándares de calidad de las personas que contrata”.
¿Qué se hará al respecto?
El sheriff Roundtree considera aumentar los salarios de los agentes como una posible solución y como una primera medida. Los registros de nóminas muestran que los carceleros ganan una media de 42,500 dólares al año, y los patrulleros de carreteras una media de 46,500. Por lo que los bajos salarios, dificultan la contratación y retención de buenos agentes, y hacen más tentador el contrabando de drogas u otros artículos a cambio de dinero en efectivo.
Además de reflexionar sobre los desafíos actuales, el sheriff también está tomando medidas concretas para abordar esta situación de extrema seriedad. Está evaluando cuidadosamente cómo mejorar el proceso de investigación de antecedentes al seleccionar a nuevos agentes y está comprometido en proporcionar una formación más efectiva para prevenir futuras conductas inapropiadas. Su enfoque está en la necesidad de fortalecer los valores dentro de la agencia y definir de manera clara y precisa qué comportamientos no serán tolerados. El sheriff reconoce que, en última instancia, es una combinación de medidas que aborden la selección y formación del personal, las condiciones de trabajo y una supervisión adecuada lo que puede contribuir significativamente a prevenir la recurrencia de incidentes similares.
Esto no solo beneficiaría al condado de Richmond, sino que también podría servir como un modelo para mejorar la calidad del sistema de justicia penal en otras cárceles de condado similares. Un enfoque pionero y diferencial que tiene el potencial de establecer un estándar elevado en la reforma de cárceles de condado a nivel nacional. Sin duda muy pronto tendremos mas novedades sobre este interesante tema que puede sentar precedente para cambios aún más significativos y duraderos en el sistema carcelario de los Estados Unidos de América.
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