La situación se agravó durante el gobierno del entonces presidente Luis Arce, quien mantuvo un esquema de subsidios energéticos mediante el cual el Estado compraba combustible a precios internacionales para posteriormente venderlo en el mercado interno a aproximadamente la mitad de su valor real.

Aunque esta política buscaba proteger a la población del incremento de precios internacionales, terminó convirtiéndose en una carga insostenible para las finanzas públicas.

Bolivia depende significativamente de las importaciones energéticas. Actualmente, el país importa cerca del 80% del diésel y aproximadamente el 55% de la gasolina que consume. Esta dependencia externa generó una presión cada vez mayor sobre las reservas internacionales y sobre la disponibilidad de divisas necesarias para financiar dichas importaciones.

En consecuencia, el subsidio energético llegó a representar un costo anual superior a los 2 mil millones de dólares para el Estado boliviano.Con el paso del tiempo, las consecuencias comenzaron a hacerse visibles en la vida cotidiana de la población.

Las largas filas de vehículos esperando durante horas en las estaciones de servicio se convirtieron en una imagen recurrente en distintas ciudades del país. La incertidumbre sobre el abastecimiento y el temor a nuevos aumentos de precios incrementaron el descontento social y la percepción de inestabilidad económica.

En diciembre de 2025, apenas un mes después de asumir la presidencia, Rodrigo Paz tomó una de las decisiones económicas más importantes y controvertidas de su administración: eliminar el subsidio a los combustibles.

La medida provocó que los precios energéticos prácticamente se duplicaran en un corto periodo de tiempo, impactando directamente el costo de vida de millones de bolivianos y generando una fuerte presión sobre sectores altamente dependientes del transporte y del consumo energético.

Sin embargo, el incremento de precios no fue el único problema que enfrentó el gobierno. Semanas después de la eliminación del subsidio, transportistas y operadores del sector comenzaron a denunciar que la gasolina distribuida en el país estaba dañando motores y afectando el funcionamiento de los vehículos.

El gobierno respondió acusando actos de sabotaje y señaló que el combustible distribuido por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos contenía residuos de goma y manganeso acumulados en los tanques de almacenamiento desde la administración anterior.

El llamado escándalo de la “gasolina chatarra” desencadenó una nueva ola de tensión política y social. Las protestas y huelgas de trabajadores del transporte se multiplicaron, mientras que la presión pública derivó en la renuncia de 2 altos funcionarios de la petrolera estatal.

La crisis dejó en evidencia no solo problemas financieros y logísticos, sino también profundas debilidades institucionales en la gestión del sector energético boliviano. Posteriormente, el contexto internacional agravó aún más la situación.

El conflicto con Irán y las preocupaciones sobre posibles incrementos adicionales en los precios internacionales del petróleo generaron temor entre consumidores y empresarios. Ante la posibilidad de enfrentar nuevas alzas en el costo del combustible, algunos ciudadanos comenzaron a buscar alternativas más sostenibles y menos dependientes de la volatilidad energética global.

En este escenario, los vehículos eléctricos comenzaron a ganar terreno en Bolivia de manera inesperada.

Según datos del Registro Único para la Administración Tributaria, el número de vehículos eléctricos en el país aumentó de 500 unidades a más de 3,000 en los últimos cinco años.

El crecimiento más acelerado ocurrió precisamente durante los últimos dos años, coincidiendo con el deterioro de la crisis energética y el aumento de la incertidumbre sobre el suministro de gasolina.

A pesar de este crecimiento, los vehículos eléctricos siguen representando una proporción mínima frente a los aproximadamente 2.6 millones de automóviles que circulan en Bolivia. No obstante, especialistas consideran que esta transición podría acelerarse significativamente en los próximos años.

Actualmente, la mayoría de estos automóviles eléctricos provienen de China, seguida por Estados Unidos, y suelen ser adquiridos principalmente por sectores de mayores ingresos. Sin embargo, diversos analistas prevén que la creciente competencia entre importadores reducirá progresivamente los costos y ampliará el acceso a este tipo de tecnología.

En este contexto, el presidente Paz también decidió eliminar los aranceles de importación para todo tipo de vehículos, una medida orientada a estimular la competencia y facilitar el acceso a automóviles más económicos.

Esta política ha impulsado la entrada de nuevos importadores al mercado boliviano y ha favorecido particularmente la expansión de vehículos eléctricos provenientes de Asia. La experiencia boliviana demuestra que las políticas de subsidios energéticos, aunque políticamente populares en el corto plazo, pueden convertirse en mecanismos económicamente insostenibles cuando existen altos niveles de dependencia de importaciones y restricciones fiscales.

Asimismo, evidencia cómo las crisis pueden modificar rápidamente los patrones de consumo, impulsar nuevas tecnologías y reconfigurar sectores económicos enteros en cuestión de pocos años.