Por: Alide Flores Urich Sass*
* Especialista en asuntos internacionales con experiencia en gestión de proyectos, consultoría e investigación. Instagram: @alide_fus
La reciente ola de ataques con drones realizada por la administración Trump contra embarcaciones supuestamente vinculadas al transporte de drogas hacia Estados Unidos ocurre en un momento crítico.
La producción de cocaína en Colombia y Perú atraviesa uno de sus mayores picos históricos. Sin embargo, el fenómeno actual no puede explicarse solo desde la óptica del narcotráfico tradicional.
Un nuevo factor, más letal y complejo, está acelerando esta dinámica, especialmente en Perú: la convergencia entre el cultivo de coca y la minería ilegal de oro. Esta combinación está transformando la geografía criminal de la Amazonía y ampliando las fuentes de financiamiento de redes delictivas que hoy se benefician de precios récord del oro en los mercados internacionales.
El fenómeno se está expandiendo más allá de Perú y arraigándose también en Ecuador, Brasil y Venezuela.
Un negocio más lucrativo que la cocaína
En julio de 2025, el entonces canciller peruano Elmer Schialer reveló un dato elocuente: la economía del oro ilegal en Perú es siete veces más grande que el comercio de cocaína. La cifra sintetiza un cambio estructural en la criminalidad amazónica.
Aunque Colombia sigue siendo el centro histórico del cultivo de coca en Sudamérica, Perú experimenta un crecimiento sin precedentes. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo el año pasado el país produjo más de 800 toneladas de cocaína, resultado de la expansión del cultivo hacia zonas donde antes no existía presencia cocalera.
La Amazonía peruana, nuevo eje del cultivo de coca
La frontera agrícola de la coca ya no se limita a áreas montañosas remotas. Hoy avanza hacia las tierras bajas amazónicas colindantes con Brasil y Colombia, donde nuevas variedades de la planta encuentran condiciones óptimas.
El informe más reciente de Amazon Watch, elaborado por Ricardo Soberón, exdirector de Devida, identifica a Ucayali como la región con mayor expansión en cultivos de coca, pistas clandestinas y rutas de salida de droga. A esto se suma la investigación de Mongabay, que documentó en 2024 la existencia de 128 pistas clandestinas en seis regiones amazónicas, muchas de ellas rodeadas de plantaciones de coca.
La pandemia de COVID 19 exacerbó esta tendencia. Según el periodista Dan Collyns, especializado en crimen organizado en la Amazonía, las estrictas medidas de confinamiento redujeron la capacidad operativa del Estado, mientras que más del 70 por ciento de los peruanos perdió ingresos y migró hacia economías ilícitas como la minería ilegal y la producción de coca.
Narco minería: la nueva matriz del poder criminal
La alianza entre minería ilegal y narcotráfico, conocida como narco minería, ofrece ventajas cruciales para las organizaciones criminales.
A diferencia de la cocaína, cuyo carácter ilegal marca toda la cadena de producción y venta, el oro refinado es prácticamente indistinguible del metal legal y difícil de rastrear. Esto lo convierte en un vehículo ideal para invertir ganancias del narcotráfico y lavar activos sin levantar alertas.
Las organizaciones criminales utilizan para ambas economías la misma infraestructura: rutas de contrabando ya establecidas, insumos como diésel, cadenas logísticas clandestinas y control territorial sobre áreas donde extraen simultáneamente oro, madera y coca.
En la frontera amazónica entre Perú y Colombia, disidencias de las FARC dominan la producción y distribución. En la extensa frontera entre Perú y Brasil, el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, ha consolidado presencia operativa.
Deforestación, contaminación y comunidades al límite
El Ministerio del Interior peruano reportó la erradicación de 27 mil hectáreas de cultivos de coca en los primeros nueve meses del año. Sin embargo, estas operaciones han provocado un desplazamiento de cultivos hacia zonas aún más remotas, intensificando la deforestación.
El impacto ambiental es ya prácticamente irreversible. En amplias áreas de la Amazonía peruana se observa:
• Destrucción acelerada de bosques
• Contaminación de ríos por mercurio y otros químicos
• Pérdida crítica de flora y fauna silvestre
• Afectaciones severas a comunidades indígenas que han habitado esos territorios por generaciones
La frontera agrícola de la coca ya no se limita a áreas montañosas remotas. Hoy avanza hacia las tierras bajas amazónicas colindantes con Brasil y Colombia, donde nuevas variedades de la planta encuentran condiciones óptimas
Un Estado debilitado por inestabilidad y corrupción
La respuesta estatal enfrenta graves obstáculos. En los últimos cinco años, Perú ha tenido más de una docena de ministros del Interior, lo que impide cualquier política sostenida de seguridad interna.
A esto se suma la corrupción estructural, que facilita la entrega de licencias y permisos ilegales para tala y minería, en muchos casos otorgadas por autoridades locales y altos funcionarios. Esta volatilidad institucional impide el control territorial, debilita la lucha contra el crimen organizado y alimenta redes de protección política vinculadas a la minería ilegal.
Diversas investigaciones señalan que parte de los ingresos generados por estas economías ilícitas está fluyendo hacia la política peruana en vísperas de las elecciones del próximo año.
La convergencia entre cocaína y oro ilegal no solo redefine el mapa del crimen organizado en la Amazonía, también desafía la capacidad de los estados sudamericanos para proteger sus territorios, sus instituciones y a las comunidades que dependen de ellos.
Mientras el oro continúe ofreciendo un refugio seguro para las finanzas criminales y la coca mantenga su demanda global, la región seguirá enfrentando una economía ilícita cada vez más sofisticada y violenta.
El reto, más que operativo, es político y estructural, y exigirá una respuesta coordinada que vaya más allá de la erradicación y la interdicción.
