Créditos: Globlovisión
Las tensiones en la frontera entre México y Estados Unidos han alcanzado un punto álgido debido a las disparidades en las políticas migratorias entre el estado de Texas y el Gobierno federal estadounidense.
Después de que la Corte Suprema de EE.UU. emitiera un fallo a favor del Gobierno federal este lunes, permitiéndole retirar el alambre de púas instalado por las autoridades de Texas a lo largo del río Bravo cerca de Eagle Pass, el gobernador Greg Abbott respondió con un comunicado.
En el texto, Abbott expresó su desacuerdo con la decisión judicial y reafirmó la determinación de Texas de utilizar medidas locales, como el alambre de púas, para frenar la inmigración en la frontera.
El gobernador sostuvo que la intervención federal para desmantelar las barreras colocadas por Texas representa una interferencia indebida en los esfuerzos del estado por proteger sus fronteras. Abbott señaló que la resolución de la Corte Suprema refleja un desacuerdo fundamental sobre la política migratoria entre el Gobierno estatal y el federal, subrayando la creciente tensión en la gestión de la inmigración en la región.
Abbott respaldó el uso de la Guardia Nacional de Texas y del personal del Departamento de Seguridad Pública del estado para abordar la situación, argumentando que el Gobierno federal ha incumplido el acuerdo entre Estados Unidos y los Estados al no hacer cumplir las leyes de inmigración y, en algunos casos, violarlas.
El gobernador criticó al presidente Joe Biden, alegando que su negativa a hacer cumplir las leyes ha resultado en un aumento significativo de la inmigración ilegal, estableciendo nuevos récords en el proceso.
En una clara desobediencia al fallo, Texas ha manifestado su desacuerdo y ha anunciado que sus fuerzas militares estatales seguirán supervisando la frontera con México, impidiendo la retirada del alambre por parte de los agentes fronterizos federales. El teniente Chris Olivarez, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, informó el miércoles que el estado está incluso ampliando la instalación de barreras de alambre.
Origen del conflicto Texas-Washington
La confrontación tuvo sus raíces con la llegada de Joe Biden al poder, marcando un cambio en la postura hacia los migrantes irregulares que se acumulan en la frontera entre EE.UU. y México, y la suspensión de la construcción de la valla fronteriza impulsada por el expresidente Donald Trump. En respuesta, las autoridades estatales, lideradas por el gobernador republicano Abbott, adoptaron medidas unilaterales para frenar el flujo de miles de inmigrantes.
La política migratoria independiente del gobernador se puso en marcha en marzo de 2021 con la Operación Estrella Solitaria. En esta iniciativa, se desplegaron policías estatales y miembros de la Guardia Nacional a lo largo de los 1.931 kilómetros de la frontera entre Texas y México. Además, las autoridades estatales continuaron la construcción del muro fronterizo, erigiendo unos 19 kilómetros de barreras con un valor de 1.500 millones de dólares.
También reforzaron otras áreas de la frontera, instalando 70.000 rollos de alambre de espino a lo largo de más de 46 kilómetros en el condado de Maverick. En total, el estado ha invertido más de 10.000 millones de dólares en tres años para implementar estas medidas en su lucha contra la inmigración irregular.
El conflicto entre la administración de Biden y el gobierno de Abbott se intensificó en enero, cuando la Guardia Nacional de Texas cerró un tramo de aproximadamente 4 kilómetros alrededor del parque Shelby en Eagle Pass, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México.
Esta acción impidió el acceso de la Patrulla Fronteriza a un parque municipal que alberga una rampa para botes utilizada por los agentes para navegar hacia el río Bravo. La persistente disparidad en las estrategias y la jurisdicción entre las autoridades federales y estatales está exacerbando las tensiones en la ya complicada gestión de la frontera.
Después del incidente en Eagle Pass, el Departamento de Justicia de EE.UU. tomó medidas al presentar un expediente ante la Corte Suprema. En el documento, argumentaron que la capacidad de la Patrulla Fronteriza para vigilar esa sección de la frontera se ve «limitada a una pequeña franja de una única cámara de vigilancia ubicada fuera del área recién cercada». La solicitud al tribunal fue clara: «restablecer el acceso a la Patrulla Fronteriza».
Simultáneamente, este mes, el Departamento de Justicia estadounidense interpuso otra demanda contra Texas, impugnando la recién aprobada Ley SB4 en el estado. Esta ley otorga amplios poderes a los funcionarios estatales para detener, procesar y deportar a personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México.
Estas acciones legales reflejan la creciente disputa legal entre el Gobierno federal y el estado de Texas en torno a la gestión de la frontera y las medidas migratorias.
No obstante, la legislación federal, respaldada por una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU., establece claramente que solo el Gobierno federal tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración. Por lo tanto, Texas carece del derecho de decidir si permite o no la entrada de inmigrantes, según el marco legal vigente.
