Una extensa investigación realizada por las autoridades estadounidenses ha arrojado indicios de posibles conexiones entre personas cercanas al presidente mexicano y miembros del Cártel del Sinaloa.
El informe elaborado por un destacado periodista plantea la hipótesis de que dicho grupo delictivo podría haber aportado una significativa suma, estimada entre 2 y 4 millones de dólares, a la campaña del presidente en el año 2006.
Esta información se desprende de grabaciones de audio obtenidas durante la investigación llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En estas grabaciones, miembros del cartel de Sinaloa y personas cercanas al presidente López Obrador admiten su participación en movimientos ilegales de dinero.
Las fichas del Cartel de Sinaloa
Entre los individuos mencionados en el marco de esta investigación, destaca la figura de Arturo Beltrán Leyva, conocido como «El Barbas», quien se habría aproximado al equipo de López Obrador durante el año 2006 y posteriormente fue objeto de una operación de las autoridades que culminó con su muerte en 2009.
Otro personaje relevante es Edgar Valdez Villarreal, alias «La Barbie», actualmente cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Se le atribuye a Valdez Villarreal la responsabilidad de llevar a cabo negociaciones en nombre del cartel.
En una entrevista concedida a Infobae México, se resalta la coincidencia de que el Cártel de Sinaloa tenga una fuerte presencia en estados gobernados por Morena, el partido político al que pertenece López Obrador.
De acuerdo con la columna de Hernández, el grupo delictivo habría buscado protección y tratado de influir en la designación del entonces Procurador General de la República en caso de que López Obrador resultara electo.
Además, se hace referencia a un documento fechado en 2019 compartido por el periodista David Ordaz, el cual revela declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín «El Chapo» Guzmán, vinculando a diversas administraciones mexicanas con el crimen organizado. En este documento, Lichtman menciona sobornos a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente en turno y sus predecesores.
En el mencionado documento compartido por David Ordaz, se destaca que las acusaciones iniciales se basaron en los testimonios de Alex Cifuentes-Villa, quien afirmaba trabajar para «El Chapo». Según Cifuentes-Villa, Ismael «El Mayo» Zambada sería el responsable de los sobornos a López Obrador y Enrique Peña Nieto.
No obstante, más adelante en el mismo documento, se explica que la defensa no logró respaldar completamente la declaración inicial, sugiriendo que el soborno real podría haber sido pagado a un funcionario vinculado a la campaña electoral de López Obrador en 2006, aunque no necesariamente por parte de «El Mayo».
Las fichas de la campaña de AMLO
El equipo de campaña de López Obrador en 2006 se componía de dos personas encargadas de recibir y dirigir los fondos hacia la campaña. Uno de ellos era Nicolás Mollinedo, conocido como «Nico», quien fungió como chofer de confianza de López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014.
Nico, originario de Tabasco al igual que el presidente, no solo era el conductor habitual de AMLO, sino que también gozaba de una estrecha amistad y completa confianza desde hacía muchos años.
La relación entre Nicolás Mollinedo y López Obrador era tan estrecha que, durante la campaña presidencial de 2006, Nico asumió el papel de coordinador de logística, desempeñando también un papel crucial en la campaña de 2012.
Su papel no se limitaba solo a ser el conductor del Tsuru blanco que López Obrador solía usar cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México; más bien, Nico era la sombra inseparable del presidente.
En cuanto a Soto Caballero, otro individuo vinculado al equipo de López Obrador desde 2004 según su propia declaración en una entrevista con Valores TV en 2022, ha participado activamente en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018. Su conexión estrecha con el presidente a lo largo de más de 18 años refleja un lazo significativo en la esfera política.
La tercera persona implicada en este presunto esquema de apoyo financiero por parte del Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO es Francisco León García, conocido como «Pancho León». Este empresario y propietario de minas de mármol se postuló como candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Coahuila durante las elecciones de 2006.
Aunque no logró obtener la senaduría, su posterior desaparición en marzo de 2007 en Saltillo, Coahuila, generó una denuncia presentada por su familia. Sin embargo, hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido, lo que añade un elemento de misterio a este complejo escenario.
La cuarta persona presente en la reunión inicial donde se acordó el respaldo financiero del Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO es Emilio Dipp Jones. Este empresario, con actividades económicas en Coahuila y Acapulco, Guerrero (una ciudad bajo el control del cártel de los Beltrán Leyva), se convierte en otro actor clave en este intrincado rompecabezas de relaciones entre la política y el crimen organizado.
Ahora bien, es fundamental recordar que las elecciones de 2006 fueron ganadas por Felipe Calderón Hinojosa, no obstante, la figura del jefe de seguridad durante ese periodo, Genaro García Luna, ha sido objeto de escrutinio y controversia.
García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaban, incluyendo su asociación con el Cártel de Sinaloa. Esta decisión se tomó tras un juicio celebrado en Brooklyn, EE. UU., y presidido por Bran Cogan, quien también estuvo a cargo del juicio de «El Chapo». Actualmente, el que fuera llamado «superpolicía» se encuentra a la espera de la sentencia en los Estados Unidos.
